Etapa dorada de la graduación escolar en Madrid : conflictos políticos y realidades pedagógicas (1891-1922)

Abstract

Se ha aceptado en la historiografía general que Madrid por ser la capital de España y la sede del gobierno central, siempre ha mantenido una identidad de objetivos con la Administración central y se ha encontrado en una situación de privilegios económico y político con respecto a otras grandes ciudades españolas. Esto puede ser verdad en determinadas etapas históricas y ante ciertos factores ideológicos, pero no es extrapolable a cualquier momento y circunstancia. Si nos circunscribimos al primer tercio del siglo XX y al problema de la enseñanza primaria pública, veremos que los intereses de Madrid no estaban tan cercanos a los de la Administración central como podría suponerse. También es verdad que el poder estatal consideró a la capital como sede de diversos ensayos pedagógicos que no transpasaron los límites de la excepcionalidad, y que también le adjudicó un papel único con respecto al resto de España, rol asumido por el poder municipal e incluso por la opinión pública. Y, por tener este carácter de modelo se reprimieron duramente todos los aires de autonomía pedagógica, para evitar que pudieran inspirar a otras capitales de provincia. El origen de las diferencias entre el Estado y el Ayuntamiento de Madrid es muy claro, parte de 1901 cuando muchas de las competencias municipales en materia educativa pasaron al Estado por decreto. El Ayuntamiento de la capital no lo aceptó, ya que le relegaba a un segundo plano en temas de enseñanza y sin poder intervenir en su organización y supervisión. Este marginación se notó no solo en Madrid, sino también en todas las grandes poblaciones españolas ,en Cataluña y País Vasco especialmente. Por eso, cada una de ellas no dejaron de luchar durante la primeras décadas del siglo XX, para recuperar el control de las escuelas públicas..Tal era la situación de tensión que tuvieron los poderes central y local en el trienio 1911-13 que el Ministerio de Instrucción Pública publicó una orden para dejar bien claros los límites del gobierno municipal de Madrid y que también sirviese de ejemplo para el resto de las ciudades españolas con aires autonómicos. Hubo que esperar al Plan de 1922 para que se produjese la armonía y el entendimiento entre las partes implicadas. Ese cambio de actitud se debió a una serie de factores del Concejo madrileño: económicos y de distinta índole que explican esas desavenencias con los poderes centrales.