Función de los archivos y recursos humanos
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Fecha:
1974Publicado en:
Revista de educación. 1974, n. 235 ; p. 72-83Resumen:
Los testimonios documentales son un tesoro de gran valor y, por lo tanto, su custodia y perdurabilidad entrañan una tremenda responsabilidad para el presente y futuro de los individuos y de las comunidades. Nuestro país cuenta con una larga tradición archivera, con un ejercicio del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecas y arqueólogos más que centenario y del auxiliar de archivos y bibliotecas desde 1932, con una responsabilidad de custodia del tesoro documental de los fondos del Estado, tanto en los archivos vivos como en los históricos, que se manifiesta en el servicio prestado, en los fondos custodiados y en los instrumentos de información producidos. Pero, si comparamos las cifras con las del personal que se encarga de ellos, choca y no ha sido paralelo. Este hecho se puso de manifiesto por los propios archiveros en 1956, dando cuenta de la situación de desamparo en que parte de su tarea se encontraba al no poder atender a todo lo que la recogida, ordenación, descripción y servicio de los documentos lleva consigo. Si los fondos crecieron entre 1866-1955 en un 153,70 por cien, los funcionarios facultativos y los auxiliares de esta especialidad sólo lo hicieron en un 27,50 por cien. Lo que demuestra que la proporción de personal en los archivos administrativos es inferior a la de los archivos históricos en relación con los centros reunidos y la situación en la Administración Provincial es numéricamente inferior a la de los archivos centrales y encima los archivos administrativos e históricos no reciben personal a nivel de colaboración burocrática, es decir, que la gestión que les corresponde corre también a su cargo, a diferencia de las otras oficinas de la Administración Pública, a la que pertenecen. Después de veinte años las variaciones son mínimas, puesto que el crecimiento acelerado de los papeles, no ha visto casi incrementado el número de sus custodios. Pero los servicios legales han aumentado con motivo de la expansión de las actividades de la Administración del Estado, ya sea por diversificación de oficinas ya existentes o por nacimiento de nuevos centros de carácter nacional, central o provincial. Entre los primeros destaca el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (1969); entre los segundos, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (1969).
Los testimonios documentales son un tesoro de gran valor y, por lo tanto, su custodia y perdurabilidad entrañan una tremenda responsabilidad para el presente y futuro de los individuos y de las comunidades. Nuestro país cuenta con una larga tradición archivera, con un ejercicio del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecas y arqueólogos más que centenario y del auxiliar de archivos y bibliotecas desde 1932, con una responsabilidad de custodia del tesoro documental de los fondos del Estado, tanto en los archivos vivos como en los históricos, que se manifiesta en el servicio prestado, en los fondos custodiados y en los instrumentos de información producidos. Pero, si comparamos las cifras con las del personal que se encarga de ellos, choca y no ha sido paralelo. Este hecho se puso de manifiesto por los propios archiveros en 1956, dando cuenta de la situación de desamparo en que parte de su tarea se encontraba al no poder atender a todo lo que la recogida, ordenación, descripción y servicio de los documentos lleva consigo. Si los fondos crecieron entre 1866-1955 en un 153,70 por cien, los funcionarios facultativos y los auxiliares de esta especialidad sólo lo hicieron en un 27,50 por cien. Lo que demuestra que la proporción de personal en los archivos administrativos es inferior a la de los archivos históricos en relación con los centros reunidos y la situación en la Administración Provincial es numéricamente inferior a la de los archivos centrales y encima los archivos administrativos e históricos no reciben personal a nivel de colaboración burocrática, es decir, que la gestión que les corresponde corre también a su cargo, a diferencia de las otras oficinas de la Administración Pública, a la que pertenecen. Después de veinte años las variaciones son mínimas, puesto que el crecimiento acelerado de los papeles, no ha visto casi incrementado el número de sus custodios. Pero los servicios legales han aumentado con motivo de la expansión de las actividades de la Administración del Estado, ya sea por diversificación de oficinas ya existentes o por nacimiento de nuevos centros de carácter nacional, central o provincial. Entre los primeros destaca el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (1969); entre los segundos, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (1969).
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