La diversitat funcional i el dret a una ciutadania plena
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Fecha:
2009Publicado en:
Revista d'afers socials. 2009, n. 3, septiembre ; p. 25-34Resumen:
Se aborda en primer lugar una tesis terminológica sobre los referentes que a menudo se emplean para referirse a las personas con discapacidad. Se analiza, después, el concepto de ciudadanía plena y se identifican los indicadores que deben tener en cuenta las entidades que prestan servicios de apoyo a las personas con diversidad funcional, cuando las acompañan en la expedición hacia la cima de la consecución de sus derechos como ciudadanos. Se contraponen, más adelante, dos modelos distintos de intervención: el institucional y el comunitario, decantándose claramente el autor a favor del modelo de apoyo comunitario, fundamentado, sólidamente en la Ley 39-2006, para la Promoción de la Autonomía Personal (Ley PAP) y, sobre todo, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se propone, finalmente, que los poderes públicos den prioridad a las inversiones económicas en servicios de apoyo personal y comunitario, para que las personas con diversidad funcional puedan conseguir la ciudadanía plena.
Se aborda en primer lugar una tesis terminológica sobre los referentes que a menudo se emplean para referirse a las personas con discapacidad. Se analiza, después, el concepto de ciudadanía plena y se identifican los indicadores que deben tener en cuenta las entidades que prestan servicios de apoyo a las personas con diversidad funcional, cuando las acompañan en la expedición hacia la cima de la consecución de sus derechos como ciudadanos. Se contraponen, más adelante, dos modelos distintos de intervención: el institucional y el comunitario, decantándose claramente el autor a favor del modelo de apoyo comunitario, fundamentado, sólidamente en la Ley 39-2006, para la Promoción de la Autonomía Personal (Ley PAP) y, sobre todo, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se propone, finalmente, que los poderes públicos den prioridad a las inversiones económicas en servicios de apoyo personal y comunitario, para que las personas con diversidad funcional puedan conseguir la ciudadanía plena.
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