Los protocolos de actuación con víctimas de acoso escolar : análisis de una normativa institucional
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2019Publicado en:
Revista de psicología y educación. 2019, v. 14, n. 2 ; p. 167-72Resumen:
Se analiza si las propuestas institucionales de la Comunidad de Murcia (España) sobre victimización escolar (Protocolos AVE) se ajustan a promover normativas de actuación así como a resarcir el daño causado según la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (5/2000). Se seleccionaron los protocolos específicos y se procedió al análisis de contenido por descriptores y fases de actuación. En cuanto descriptores, el acosador no está incluido en las actuaciones específicas y la restitución no se contempla. El psicólogo es asumido por el orientador. Los directores son responsables en primera instancia y el equipo de orientación es asesor. Las fases de actuación : detección, intervención con implicados y sus familias y seguimiento. Para la atención al acosador remite al documento donde se hace un listado de medidas, en su mayoría sanciones punitivas. Indican la necesidad de actuar en defensa de las víctimas, pero las propuestas no concretan efectivos, acciones de protección, cambio de actitudes, ni tampoco la restitución.
Se analiza si las propuestas institucionales de la Comunidad de Murcia (España) sobre victimización escolar (Protocolos AVE) se ajustan a promover normativas de actuación así como a resarcir el daño causado según la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (5/2000). Se seleccionaron los protocolos específicos y se procedió al análisis de contenido por descriptores y fases de actuación. En cuanto descriptores, el acosador no está incluido en las actuaciones específicas y la restitución no se contempla. El psicólogo es asumido por el orientador. Los directores son responsables en primera instancia y el equipo de orientación es asesor. Las fases de actuación : detección, intervención con implicados y sus familias y seguimiento. Para la atención al acosador remite al documento donde se hace un listado de medidas, en su mayoría sanciones punitivas. Indican la necesidad de actuar en defensa de las víctimas, pero las propuestas no concretan efectivos, acciones de protección, cambio de actitudes, ni tampoco la restitución.
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