Non-state actors in education : who chooses?, who loses? : global education monitoring report 2021/2
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2021Resumen:
El papel de los actores no estatales no se limita a la escolarización, sino que se extiende a las intervenciones en varios niveles educativos y esferas de influencia. Junto con su examen de los progresos realizados en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, incluidos los nuevos datos sobre la repercusión de la pandemia de COVID-19, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2022 insta a los gobiernos a considerar que todas las instituciones, el alumnado y el personal docente forman parte de un único sistema. Las normas, la información, los incentivos y la rendición de cuentas deben ayudar a los gobiernos a proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación de todas las personas, sin apartar la vista de los privilegios o la explotación. La educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser pública, pero hay que abordar la disparidad en los procesos educativos, los resultados del estudiantado y las condiciones de trabajo del personal docente. La eficiencia y la innovación, en lugar de ser secretos comerciales, han de ser difundidas y practicadas por todas las personas. Para ello, es necesario mantener la transparencia y la integridad en el proceso de las políticas públicas de educación para bloquear los intereses privados.
El papel de los actores no estatales no se limita a la escolarización, sino que se extiende a las intervenciones en varios niveles educativos y esferas de influencia. Junto con su examen de los progresos realizados en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, incluidos los nuevos datos sobre la repercusión de la pandemia de COVID-19, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2022 insta a los gobiernos a considerar que todas las instituciones, el alumnado y el personal docente forman parte de un único sistema. Las normas, la información, los incentivos y la rendición de cuentas deben ayudar a los gobiernos a proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación de todas las personas, sin apartar la vista de los privilegios o la explotación. La educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser pública, pero hay que abordar la disparidad en los procesos educativos, los resultados del estudiantado y las condiciones de trabajo del personal docente. La eficiencia y la innovación, en lugar de ser secretos comerciales, han de ser difundidas y practicadas por todas las personas. Para ello, es necesario mantener la transparencia y la integridad en el proceso de las políticas públicas de educación para bloquear los intereses privados.
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